Más de medio millón de cubanos que llegaron a Estados Unidos entre 2019 y 2023 viven hoy en una situación migratoria sin precedentes: poseen un documento llamado I-220A que los mantiene en un limbo legal del que, hasta ahora, no han encontrado salida. No tienen residencia, no pueden regularizar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, y el riesgo de detención y deportación es una amenaza constante en su vida cotidiana.

¿Qué es el I-220A y por qué es tan problemático?

El formulario I-220A, conocido técnicamente como "Orden de Libertad Bajo Palabra", es un documento que ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) entrega a migrantes para liberarlos de detención mientras su caso está pendiente ante una corte de inmigración. A diferencia de un parole migratorio —que sí otorga un estatus legal reconocido y permite aplicar a la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966—, el I-220A no confiere ningún estatus migratorio formal.

El problema central es que miles de cubanos que cruzaron la frontera y se presentaron ante las autoridades migratorias para solicitar asilo recibieron este documento en lugar de un parole. La diferencia, según abogados especializados, fue esencialmente aleatoria: dos cubanos que llegaron el mismo día, por el mismo punto fronterizo, podían recibir documentos distintos. Uno con parole podría hoy ser residente permanente. El otro, con I-220A, sigue esperando.

"El hecho es que estas personas se presentaron en la frontera ante las autoridades migratorias para solicitar asilo y fueron liberadas", explicó el abogado migratorio Mark Prada a El País. "Y, según cómo funciona la ley, eso solo puede haber ocurrido mediante parole. Sin embargo, el Gobierno les entregó documentos distintos".

La batalla legal: el fallo del 11.º Circuito

Durante años, algunos cubanos con I-220A lograron ajustar su estatus ante ciertos jueces de inmigración que interpretaron el documento como equivalente a un parole. Sin embargo, en 2022 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impugnó esas decisiones, argumentando que el I-220A no equivale legalmente a un parole. En 2023, una corte federal de apelaciones le dio la razón al gobierno, cerrando esa puerta para cientos de miles de personas.

El debate llegó al Tribunal del 11.º Circuito de Apelaciones, con jurisdicción sobre Florida y Georgia —los estados con mayor concentración de cubanos con I-220A—. En febrero de 2026, el tribunal emitió una decisión que generó expectativa pero no resolvió el fondo del asunto: anuló las decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y devolvió los casos para que sean revisados nuevamente. El I-220A "sigue en el limbo", como lo describió una publicación ampliamente compartida en redes sociales.

Litigios paralelos avanzan en el 2.º Circuito (Nueva York) y en cortes de Florida. El abogado Prada, que lidera varios de estos casos, mostró un "optimismo cauteloso": si se obtiene un fallo favorable, es probable que el gobierno lo apele. "Dado el impacto de lo que estamos haciendo, asumiría que el Gobierno querría apelar", señaló.

El fin del programa CHNV: otro golpe para los cubanos

Mientras la batalla judicial por el I-220A continúa, los cubanos que llegaron a través del programa humanitario CHNV —que permitía a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresar legalmente con un parole de dos años— también enfrentan un panorama incierto.

El presidente Donald Trump canceló el programa CHNV mediante orden ejecutiva al inicio de su segundo mandato. El 25 de marzo de 2025, el DHS formalizó la terminación del programa mediante publicación en el Registro Federal. El 30 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó la cancelación, sellando el destino del programa que había permitido la entrada legal de más de 500,000 personas de los cuatro países.

En abril de 2026, la jueza federal Allison Burroughs, de Massachusetts, frenó temporalmente la revocación masiva del estatus migratorio de más de 900,000 migrantes que habían ingresado bajo el programa CBP One, el sistema de citas en la frontera que también fue eliminado por Trump. El DHS rechazó el fallo calificándolo de "activismo judicial" y anunció que lo apelaría.

Deportaciones a terceros países: el nuevo miedo

Más allá del limbo legal, los cubanos con I-220A enfrentan una amenaza nueva y concreta: la deportación a países distintos a Cuba. Dado que el gobierno cubano históricamente ha limitado la aceptación de vuelos de deportación desde Estados Unidos, la administración Trump comenzó a negociar acuerdos con terceros países para enviar allí a migrantes deportados.

En noviembre de 2025, EE.UU. y Ecuador firmaron un acuerdo de "tercer país seguro". Para julio de 2025, Ecuador ya había aceptado formalmente recibir extranjeros trasladados desde territorio estadounidense. Según un reporte de Telemundo de abril de 2026, más de 13,000 inmigrantes han recibido órdenes de deportación a "terceros países seguros" después de que sus casos de asilo fueran denegados.

El caso de Dariel Marino Borges ilustra esta nueva realidad. Este cubano, que participó en las protestas del 11 de julio de 2021 y posee un I-220A, fue arrestado por ICE en septiembre de 2025 al salir de una audiencia en la corte de inmigración. Lleva más de siete meses detenido en el Centro de Detención Krome, en Miami, y enfrenta la posibilidad de ser deportado a Ecuador —un país donde nunca ha vivido y donde no tiene vínculos—. Su próxima audiencia estaba programada para el 29 de abril de 2026.

Vivir con el I-220A: miedo cotidiano en Miami

Para los cubanos con I-220A, el limbo se traduce en traspiés legales y trabas burocráticas, pero también en un temor constante. La Administración Trump ha intensificado los operativos de ICE en el sur de Florida desde enero de 2025, y las detenciones de cubanos —algo impensable hace pocos años dada su histórica ventaja bajo la Ley de Ajuste— se han vuelto cada vez más comunes. El año pasado, el gobierno deportó a más de 1,600 cubanos, una cifra récord.

Liryenne Bello, una doctora cubana de 37 años que llegó en 2022 y tiene I-220A, declaró a El País que "tiene terror" de terminar arrestada en una parada de tránsito por no tener residencia. "Cada día siguen deteniendo a tantos cubanos con I-220A sin récord criminal", afirmó.

Sin embargo, la comunidad también ha encontrado formas de resistir y visibilizar su situación. En Miami, un grupo de emprendedores cubanos abrió una joyería que bautizaron con el nombre "I-220A" como acto de apropiación simbólica del documento que los define legalmente. La iniciativa se viralizó en redes sociales y se convirtió en un símbolo de resiliencia para la comunidad.

¿Qué opciones tienen los cubanos con I-220A?

Los abogados especializados en inmigración cubana coinciden en que no existe una solución única ni garantizada, pero señalan varias vías que deben evaluarse caso por caso:

Opción	Descripción	Viabilidad
Esperar fallo judicial	Aguardar una decisión definitiva del 11.º Circuito o de otra corte que reconozca el I-220A como equivalente a un parole	Incierta; puede tardar años y el gobierno apelaría
Asilo político	Solicitar protección por persecución política, religiosa o de otro tipo	Viable para quienes participaron en protestas o tienen historial de persecución
Ley de Ajuste Cubano	Aplicar si un juez reconoce el I-220A como parole	Posible en algunos circuitos; depende del juez asignado
Visas de empleo	Aplicar a visas H-1B, O-1 u otras basadas en habilidades profesionales	Viable para profesionales con empleador patrocinador
Petición familiar	Si un familiar ciudadano o residente puede patrocinar una petición	Viable pero con tiempos de espera largos

El abogado Wilfredo Allen ha sido enfático en un punto: los cubanos con I-220A no deben autodeportarse. Salir voluntariamente del país podría cerrar definitivamente cualquier opción legal futura. La recomendación generalizada es consultar con un abogado de inmigración de confianza antes de tomar cualquier decisión.

El contexto político: una comunidad entre dos fuegos

La situación de los cubanos con I-220A es paradójica desde el punto de vista político. La comunidad cubana en el sur de Florida votó mayoritariamente por Donald Trump en 2024, atraída por su postura anticomunista y su retórica de línea dura contra el régimen de La Habana. Sin embargo, las políticas migratorias de esa misma administración son las que hoy amenazan a cientos de miles de cubanos con deportación.

La propuesta de Ley DIGNIDAD, presentada por dos congresistas latinas en julio de 2025, buscaría ofrecer una vía de regularización para migrantes en situación similar, pero su avance en el Congreso ha sido limitado en el actual clima político.

Mientras tanto, organizaciones como la Cuban American Bar Association continúan ofreciendo talleres de orientación legal y consultas gratuitas para los afectados. La comunidad espera, con una mezcla de angustia y esperanza, que los tribunales resuelvan finalmente una situación que el gobierno creó con un documento que, según los propios abogados, nunca debió haber existido.