Yarissel Díaz Arcia tenía 19 años cuando desapareció el 1 de mayo de 2026 en Tapachula, Chiapas. Había cruzado el Darién, sobrevivido Guatemala y llegado hasta la frontera sur de México con un solo objetivo: alcanzar Estados Unidos y comenzar una vida libre. No lo logró. Su familia, en Cuba, espera noticias que no llegan. Su caso no es una excepción. Es la norma.

En los últimos cinco años, entre 25 y 40 cubanos han desaparecido o sido asesinados en México. No son estadísticas abstractas: son jóvenes que huyeron de la dictadura castrista, que cruzaron océanos y selvas, que pagaron con sus ahorros de toda la vida el derecho a intentar ser libres, y que encontraron la muerte o la desaparición en un país que debería haberlos protegido. México, gobernado por una izquierda que se llama a sí misma progresista, ha fallado sistemáticamente a los migrantes más vulnerables. Y los cubanos están pagando ese fracaso con sus vidas.

El infierno de Tapachula

Tapachula, en el estado de Chiapas, es hoy el municipio con más desapariciones de todo México. Según datos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), para mayo de 2025 el municipio acumulaba 219 casos de personas desaparecidas, una cifra que sigue creciendo. Para los migrantes cubanos, Tapachula no es solo un punto de tránsito: es una trampa.

La ciudad está controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que libra una guerra brutal contra el Cártel de Sinaloa por el control de las rutas migratorias. Esas rutas son negocio puro: los carteles cobran entre 500 y 3,000 dólares por persona para permitir el tránsito, secuestran a quienes no pueden pagar, y en los peores casos, simplemente los hacen desaparecer. Los cubanos, que suelen llegar con algo de dinero después de vender sus pertenencias en la isla, son objetivos especialmente atractivos para los extorsionadores.

El 21 de diciembre de 2024, aproximadamente 40 migrantes de diferentes nacionalidades —entre ellos 6 a 8 cubanos— desaparecieron en aguas del Pacífico frente a las costas de Chiapas. Habían abordado dos embarcaciones en la costa para continuar su viaje hacia el norte. Nunca llegaron. Sus familias, distribuidas entre Cuba, Miami y España, llevan meses exigiendo respuestas a las autoridades mexicanas. Las respuestas no llegan.

Loraine Hernández Trápaga: una muerte que no debió ocurrir

Loraine Hernández Trápaga tenía 23 años. Había llegado a Cancún buscando estabilidad, como tantos cubanos que eligen esa ciudad turística como punto de asentamiento temporal o definitivo. El 16 de abril de 2026, fue atacada con un arma blanca por su pareja, identificado como Germán Daniel Fernández. Permaneció varios días en estado crítico en el Hospital General de Cancún. No sobrevivió.

Su caso se suma a una lista que crece sin parar: cubanas asesinadas fuera de la isla, lejos de sus familias, sin la protección que ningún estado les ha garantizado. El agresor sigue prófugo. Las autoridades mexicanas no han dado señales de urgencia en su captura. Para el sistema, Loraine era solo una migrante más.

La complicidad del gobierno mexicano

Llamar a lo que ocurre en México "negligencia" sería demasiado generoso. Lo que existe es complicidad estructural. El gobierno de Claudia Sheinbaum, heredero de la política migratoria de López Obrador, ha convertido a México en el principal obstáculo para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Bajo presión de Washington, México despliega a la Guardia Nacional para detener caravanas, llena centros de detención que funcionan como cárceles, y devuelve a migrantes a sus países de origen. Pero al mismo tiempo, mira hacia otro lado cuando el crimen organizado los secuestra, extorsiona y mata.

La razón es simple: los carteles pagan. Las rutas migratorias generan miles de millones de dólares anuales para el crimen organizado mexicano, y ese dinero corrompe a policías, funcionarios y políticos a todos los niveles. Chiapas, el estado más pobre de México y el más violento para los migrantes, tiene una clase política que lleva décadas coexistiendo con el narco. La "guerra" contra el crimen organizado que declaran los gobernadores es teatro. La realidad es que el Estado mexicano y los carteles han llegado a un acuerdo tácito: los carteles controlan las rutas, el Estado no interfiere, y los migrantes pagan el precio.

Organizaciones de derechos humanos como el Centro Fray Bartolomé de las Casas han documentado sistemáticamente esta complicidad. Sus informes describen cómo las omisiones del Estado mexicano han permitido que los grupos armados consoliden su control sobre Chiapas. La respuesta del gobierno ha sido, en el mejor de los casos, silencio. En el peor, hostigamiento a los propios defensores de derechos humanos.

Cinco años de tragedia: el balance

Entre 2021 y 2026, al menos 25 y posiblemente hasta 40 cubanos han muerto o desaparecido en México. La cifra real es probablemente mayor: muchos casos no se denuncian porque las familias temen represalias, porque no confían en las autoridades mexicanas, o porque simplemente no saben a quién acudir. Cada número representa una historia: un joven que huyó de la dictadura, una madre que dejó a sus hijos en Cuba prometiendo mandar dinero, un profesional que decidió que la libertad valía el riesgo.

Los casos más documentados incluyen desapariciones en Tapachula y sus alrededores, asesinatos en Cancún y la Riviera Maya, y desapariciones en alta mar frente a las costas de Chiapas. Las zonas más peligrosas son consistentemente las mismas: la frontera sur con Guatemala, el corredor del Pacífico chiapaneco, y las ciudades turísticas del Caribe mexicano donde la presencia de migrantes cubanos es alta y la protección policial, mínima.

Lo que Cuba no dice

El régimen cubano guarda silencio sobre estas muertes. No le conviene hablar de ellas: hacerlo significaría reconocer que cientos de miles de cubanos huyen de la isla cada año, que ese éxodo es consecuencia directa de 65 años de dictadura, y que los cubanos mueren en el camino hacia la libertad. El silencio del régimen es tan culpable como la complicidad del gobierno mexicano: ambos son responsables de que jóvenes como Yarissel y Loraine estén muertos o desaparecidos.

La dictadura cubana ha creado las condiciones que obligan a su pueblo a huir. El gobierno mexicano ha creado las condiciones que permiten que ese pueblo sea cazado en el camino. Dos izquierdas, dos fracasos, un mismo resultado: cubanos muertos.

¿Qué se puede hacer?

Las familias de los desaparecidos piden lo que cualquier familia tiene derecho a pedir: investigación, justicia, respuestas. Algunas han viajado desde Cuba, desde Miami, desde España hasta México para buscar a sus seres queridos. Han golpeado puertas de fiscalías, consulados y organizaciones de derechos humanos. En la mayoría de los casos, han encontrado burocracia, indiferencia o miedo.

La comunidad cubana en el exilio tiene la responsabilidad de visibilizar estos casos. Cada historia que se cuenta es una presión sobre los gobiernos que prefieren el silencio. Cada nombre que se pronuncia es una resistencia contra el olvido. Yarissel Díaz Arcia, 19 años, desaparecida en Tapachula el 1 de mayo de 2026. Loraine Hernández Trápaga, 23 años, asesinada en Cancún en abril de 2026. Los seis a ocho cubanos desaparecidos en las aguas del Pacífico el 21 de diciembre de 2024. Sus nombres merecen ser recordados.

México debe responder. El mundo debe escuchar. Y la dictadura cubana debe saber que cada cubano que muere en el camino hacia la libertad es una condena más sobre su legado de miseria y represión.