Camagüey, 24 de marzo de 2026 – El Tribunal Provincial Popular de Camagüey condenó a Osvaldo Fernández Pichardo a cadena perpetua (privación perpetua de libertad) por los delitos de terrorismo y portación y tenencia ilegal de armas o explosivos. La sentencia fue dictada en la Sala Primera de lo Penal bajo la causa No. 6 de 2025, en un juicio que las autoridades calificaron de "oral, público y ejemplarizante".

El hecho ocurrió el 29 de mayo de 2025 en el boulevard de la calle República, en pleno centro de Camagüey. Según las imágenes que se viralizaron en aquel momento y los reportes oficiales del Ministerio del Interior (MININT), Fernández Pichardo atacó por la espalda con un arma blanca a una oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que transitaba desarmada y vestida de uniforme. La agente sufrió lesiones graves que pusieron en peligro su vida y requirieron atención médica inmediata.

La versión del régimen: pago desde EE.UU. y terrorismo

Inicialmente, el caso se presentó como un violento acto delictivo. Sin embargo, durante el proceso judicial el MININT cambió la narrativa: acusó a Fernández Pichardo de haber actuado bajo la supuesta instigación de una persona residente en Estados Unidos —descrita como "con amplio activismo contra la Revolución"— quien le habría ofrecido 600 dólares para agredir a un agente del orden en un lugar público.

Según las autoridades, el objetivo era "provocar temor en las personas, alterar el orden y fomentar sentimientos de inseguridad en la población". Esa motivación fue la que permitió elevar el cargo a terrorismo, uno de los delitos más graves del Código Penal cubano. En el juicio se "demostró" esta conexión, aunque hasta el momento no se han presentado públicamente pruebas verificables ni se ha identificado al supuesto instigador del exterior.

Sanciones adicionales

Además de la perpetua, el condenado enfrenta:

• Privación de derechos públicos
• Confiscación de bienes relacionados con el hecho
• Prohibición de salida del país
• Obligación de indemnizar económicamente a la oficial agredida

Cuestionamientos al caso

Aunque el régimen asegura que se respetaron todas las garantías procesales, activistas y analistas independientes han cuestionado la desproporcionalidad de la condena. En mayo de 2025 circularon versiones de que se trataba de un posible móvil personal —incluso se habló de exrelación o disputa económica— pero el gobierno optó por la figura de terrorismo para enviar un mensaje ejemplarizante.

Este tipo de condenas extremas se han vuelto más frecuentes en Cuba en medio de la crisis económica, los apagones y el creciente descontento social. Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el uso excesivo del delito de terrorismo contra ciudadanos comunes, incluso cuando no existen evidencias de vínculos con grupos armados organizados.

¿Qué sigue?

El caso sigue en desarrollo. Hasta ahora no se conocen declaraciones de la familia del condenado ni de la defensa sobre posibles recursos. Las autoridades no descartan que este tipo de condenas sirvan para disuadir cualquier agresión contra fuerzas del orden. Desde nuestra redacción seguiremos informando sobre el estado de la oficial agredida y cualquier novedad en el caso.

En Cuba la Libertad Avanza denunciamos el uso político del sistema judicial cubano como herramienta de represión y control social. ¡Cuba libre! ¡Patria y Vida!