El 28 de abril de 2026, mientras el Senado de los Estados Unidos debatía si Donald Trump podía o no actuar militarmente contra Cuba, tres senadores demócratas —Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego— presentaron la llamada "Cuba War Powers Resolution". La resolución exigía que el presidente retirara cualquier fuerza militar de la región sin autorización previa del Congreso. Fue rechazada. Pero no fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera.

Desde enero de 2025, cuando Trump regresó a la Casa Blanca y comenzó a actuar contra los regímenes de Venezuela, Irán y Cuba, los demócratas han presentado al menos nueve resoluciones de poderes de guerra para frenarlo: cinco en el Senado y dos en la Cámara contra las operaciones en Irán, una contra Venezuela tras la captura de Maduro, y ahora esta contra Cuba. Todas han fracasado. Pero el patrón es inconfundible.

El mismo truco, tres dictaduras distintas

La Ley de Resolución de Poderes de Guerra de 1973 establece que el presidente debe retirar las fuerzas militares de cualquier conflicto no autorizado por el Congreso en un plazo de 60 días. Es una herramienta legítima de control constitucional. El problema no es la ley en sí, sino cuándo y contra quién los demócratas la invocan.

Cuando Trump capturó a Nicolás Maduro en Caracas en enero de 2026 —el dictador que había destruido Venezuela, robado elecciones y convertido al país en un narcoestado— los demócratas corrieron al Congreso con una resolución. Cuando Trump bombardeó las instalaciones nucleares de Irán en junio de 2025, presentaron la resolución siete veces. Y cuando Trump anunció que "Cuba sería la siguiente", volvieron a presentarla.

La representante Pramila Jayapal lo dijo sin rodeos: "Trump ha iniciado conflictos ilegales de cambio de régimen en Venezuela e Irán y ahora amenaza a Cuba." Para los demócratas progresistas, derrocar a Maduro, golpear el programa nuclear iraní o presionar al régimen cubano son "cambios de régimen ilegales". Para los cubanos, venezolanos e iraníes que llevan décadas sufriendo esas dictaduras, son otra cosa.

Obama: el gran deshielo que benefició a los Castro

Para entender el patrón actual hay que retroceder a diciembre de 2014. Barack Obama anunció la normalización de relaciones con Cuba en un discurso que muchos cubanos en el exilio escucharon con incredulidad. El acuerdo, mediado por el Papa Francisco y negociado en secreto durante 18 meses, incluía la reapertura de embajadas, el levantamiento de restricciones de viaje y remesas, el acceso al sistema financiero cubano y, lo más simbólico: la retirada de Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo en 2015.

¿Qué obtuvo a cambio el pueblo cubano? La liberación de 53 presos políticos —muchos de los cuales fueron detenidos de nuevo meses después— y promesas de apertura que nunca llegaron. El régimen de los Castro recibió oxígeno económico, legitimidad internacional y una visita presidencial histórica en marzo de 2016 sin haber cambiado absolutamente nada en su estructura de poder ni en su trato a los disidentes.

Obama visitó Cuba y se fotografió sonriente con Raúl Castro mientras en las cárceles cubanas seguían los presos políticos. Fue a un partido de béisbol con el dictador mientras las Damas de Blanco eran golpeadas en las calles de La Habana. Eso no fue "diplomacia". Fue un regalo sin condiciones a una dictadura.

Biden: sanciones levantadas, promesas incumplidas

Joe Biden continuó la tradición demócrata de la mano blanda con las dictaduras. En Venezuela, su administración negoció el llamado Acuerdo de Barbados en 2022, levantando sanciones a cambio de promesas de Maduro de celebrar elecciones libres. Maduro nunca cumplió. Las elecciones de julio de 2024 fueron un fraude documentado, y Biden tardó semanas en reconocer lo evidente. Mientras tanto, Chevron siguió operando en Venezuela con licencia del gobierno estadounidense, llenando las arcas del régimen.

Con Cuba, Biden fue igualmente tibio. Tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021 —la mayor manifestación popular en Cuba en décadas— Biden tardó días en reaccionar y nunca tomó medidas contundentes. Y en sus últimos días en el poder, en enero de 2025, retiró a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo como gesto de salida, una decisión que Trump revirtió en sus primeras horas en el cargo.

Con Irán, Obama firmó el JCPOA en 2015, descongelando aproximadamente 150 mil millones de dólares en activos iraníes a cambio de una pausa temporal en el programa nuclear. El acuerdo no tocó el programa de misiles balísticos de Irán, no abordó su financiamiento al terrorismo internacional —Hezbollah, Hamas, los Houthis— y tenía fecha de vencimiento. Trump lo abandonó en 2018. Biden intentó renegociarlo sin éxito entre 2021 y 2022. Mientras tanto, Irán siguió enriqueciendo uranio.

Bernie Sanders y la izquierda que admira lo que destruye a Cuba

No se puede hablar del Partido Demócrata y las dictaduras sin mencionar a Bernie Sanders, el senador de Vermont que ha sido el rostro más visible del ala izquierda del partido durante la última década. Sanders ha elogiado en múltiples ocasiones aspectos del sistema cubano, argumentando que "es injusto decir que todo lo de Cuba es malo" en referencia a Fidel Castro. Visitó la Unión Soviética en 1988 y regresó con comentarios positivos sobre el sistema soviético. Defendió al gobierno sandinista en Nicaragua en los años 80.

Para los cubanos y venezolanos que huyeron de esas dictaduras, escuchar a un senador estadounidense defender los "logros" de Castro o de Chávez no es una posición filosófica abstracta. Es una bofetada. Es la normalización intelectual de los mismos sistemas que los destruyeron.

El argumento demócrata: "Es la Constitución, no las dictaduras"

Los demócratas tienen un argumento que no carece de lógica formal: no están defendiendo a Cuba, Venezuela o Irán, sino defendiendo la separación de poderes y el rol del Congreso en las decisiones de guerra. Tim Kaine lo dijo en su comunicado del 28 de abril: "Lo último que necesitamos es otro intento ilegal de cambio de régimen."

Es un argumento que merece ser tomado en serio. La Ley de Poderes de Guerra existe por una razón: para evitar que un presidente arrastre al país a guerras sin debate democrático. Algunos republicanos —Rand Paul, Susan Collins— también han apoyado estas resoluciones por principio constitucional, no por simpatía con las dictaduras.

Pero hay una pregunta que los demócratas no pueden responder con comodidad: ¿Por qué esta misma preocupación constitucional no apareció cuando Obama actuó en Libia en 2011 sin autorización del Congreso? ¿Por qué no presentaron resoluciones de poderes de guerra cuando Biden mantuvo tropas en Siria o cuando aprobó operaciones en Somalia? La Ley de Poderes de Guerra se aplica de manera selectiva, y esa selectividad tiene un patrón.

El patrón que no se puede ignorar

Cuando se suman todos los datos —el deshielo cubano de Obama, el Acuerdo de Barbados de Biden, el JCPOA con Irán, las nueve resoluciones de poderes de guerra desde enero de 2025, las declaraciones de Sanders sobre Castro, la oposición a las sanciones— emerge un patrón que va más allá de la defensa constitucional.

El Partido Demócrata, en su ala progresista dominante, tiene una relación ideológica con la izquierda latinoamericana y con los regímenes que se presentan como antiimperialistas. No es que los demócratas sean agentes de Cuba o Venezuela. Es algo más sutil y más peligroso: una incapacidad estructural para llamar a las cosas por su nombre cuando el opresor se llama a sí mismo "revolucionario".

Pueden condenar a Putin porque Rusia es un enemigo conveniente. Pero cuando se trata de Cuba, Venezuela o Irán —regímenes que se visten con el lenguaje de la justicia social y el antiimperialismo— el partido que se presenta como defensor de los derechos humanos encuentra siempre una razón para frenar la presión, levantar las sanciones o presentar una resolución que, en la práctica, protege al régimen de las consecuencias de sus crímenes.

Para el cubano que lleva 65 años esperando la libertad, para el venezolano que vio cómo Chávez y Maduro destruyeron el país más rico de América Latina, para el iraní que vive bajo la teocracia de los ayatolás, la pregunta no es filosófica. Es muy concreta: ¿Por qué el partido que dice defender los derechos humanos siempre encuentra la manera de proteger a quienes los violan?

Esa es la pregunta que los demócratas todavía no han respondido.